lunes, 31 de diciembre de 2012

Israel: los asesinatos selectivos

Israel: Los asesinatos selectivos

Martín Lozada
Poco a poco se va perdiendo el sentido del horror y se normaliza lo que de otro modo resultaría siniestro. Se trata de homicidios seriales, abiertos al público, filmados y reproducidos alrededor del mundo entero. Así resultan ser los asesinatos selectivos que practica el Estado de Israel en relación con ciertos dirigentes palestinos más o menos, según el caso, vinculados con atentados terroristas.

Como sucedió años atrás, en ocasión en que la Corte Suprema israelí autorizó las "presiones físicas" - torturas- sobre detenidos palestinos como medio procesal tendiente a recolectar prueba sobre atentados consumados o a producir, detrás de los asesinatos selectivos hay también una política oficial y de Estado.

Política de Estado que pretende consolidar una ocupación permanente sobre los territorios palestinos que Israel ilegítimamente anexionó de facto en 1967 y que, pese a una ingente cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas, se niega a abandonar. Política que se ha profundizado con los programas de asentamientos de colonos israelitas en territorio ocupado, con la construcción de un muro para asfixiar la viabilidad futura de Palestina y, finalmente, con la sistematización de los asesinatos objetos de estas letras.

Tal cual sucede durante la ejecución de todo programa de violación sistemática de derechos humanos, el discurso que emana de los autores resulta pletórico de eufemismos y equívocos. Es por eso que renuncian al término simple y llano de "terrorismo", que tan sólo destinan a los atentados palestinos y, en cambio, se refieren a "eliminaciones", "operaciones puntuales" o a "autodefensa activa".

Como si la manipulación de las palabras pudiera reducir algún grado de responsabilidad o tranquilizar la conciencia colectiva luego del homicidio premeditado, siempre alevoso, a través de bombas o misiles disparados a distancia.

Los asesinatos selectivos comenzaron durante la última etapa de gobierno del laborista Ehud Barak, quien ordenó estas prácticas para sofocar el levantamiento palestino - Intifada de Al Aksa- contra la ocupación militar en Cisjordania y Gaza que estalló el 29 de setiembre del 2000 tras la visita del líder del Likud, Ariel Sharon, a la Explanada de las Mezquitas, lugar sagrado para los musulmanes.

Como primer ministro, Sharon retomó esa estrategia bajo el calificativo de "interceptaciones" y dio luz verde al ejército para aplicarla a su antojo, sobre todo tras el asesinato del ministro de Turismo, Rajavam Zeevi, a manos de activistas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el 17 de octubre del 2001.

Según el Grupo Palestino de Supervisión de los Derechos Humanos, en los casi cuatro años transcurridos desde el inicio de la "Intifada" palestina, las fuerzas israelíes causaron la muerte de 209 palestinos en operaciones de asesinato selectivo, de los cuales sólo 147 eran blancos de los ataques. Los 62 restantes fueron personas ajenas y que poco o nada tenían que ver con el objetivo trazado.

Israel ha argumentado que su política de asesinatos selectivos es un acto legal de autodefensa. Sin embargo, el Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1966, ratificado por esa nación, estipula que las ejecuciones sin juicio no están permitidas ni siquiera en tiempos de emergencias y conflicto armado. Ese es el significado de su artículo 6, apartado 1, que afirma que "nadie será privado arbitrariamente de su vida".

En un informe de 1983, del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se estableció que "matar deliberadamente a individuos seleccionados, que no se encuentran detenidos por el gobierno" es una "ejecución arbitraria" y viola, por lo tanto, el derecho a la vida, un derecho absoluto que ha sido reconocido por todas las convenciones de derechos humanos como el derecho más básico e importante.

De modo tal que los asesinatos de civiles por parte de un poder ocupante, tal como sucede en este caso, son una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que junto a varios protocolos adicionales establecen lo que está permitido y prohibido en tiempos de guerra y ocupación. Pero, además, constituyen un crimen de guerra y contra la humanidad cuando se llevan a cabo en el contexto de un conflicto armado.

El sociólogo argentino Daniel Feierstein ha escrito con razón que "A menos que la intención sea la de intercambiar el rol de víctima por el de genocida, el pueblo judío también debe aprender e investigar su propia existencia para comenzar a cuestionar los modelos educativos, sociales, políticos o culturales que van construyendo la legitimidad de una práctica social como el genocidio".

Es por eso que los 200.000 israelíes, mayormente pertenecientes a grupos de izquierda y pacifistas, que el pasado sábado 15 se reunieron en la plaza Rabin de Tel Aviv bajo los lemas: "Elegir por la vida-salir de los territorios ocupados" y "Salir de Gaza y comenzar a negociar", dan lugar para la esperanza y la racionalidad en Medio Oriente.
 

domingo, 30 de diciembre de 2012

El clan de los 400: retrato de la corrupción en Cataluña

http://www.abc.es/espana/20121230/abci-cataluna-corrupcion-201212291953.html

JANOT GUIL / BARCELONA
Día 30/12/2012 - 17.07h

Generaciones de políticos, clanes familiares y clubes de amigos se han repartido durante los últimos treinta años el dudoso negocio de la estafa desde la más altas esferas.

El clan de 
los 400: retrato de la corrupción en Cataluña
«Hay unas 400 personas que nos encontramos en todas partes. Nos vemos coincidiendo en muchas cosas, tanto si somos parientes o no», dijo en 2001, mucho antes de que estallara el «caso Palau», el entonces respetado Félix Millet. Un diagnóstico que se confirma en los últimos treinta años de historia de Cataluña, plagada de casos de corrupción que implican a muchos sospechosos habituales, con CiU, al frente de la Generalitat durante casi toda esta etapa, de gran protagonista. Millet respondió así, sin ambages, en una reveladora entrevista a dos periodistas –Pere Cullell y Andreu Farràs– que escribieron el libro «El oasis catalán». Tras enumerar todas las entidades y empresas donde tenía cargos –Agrupació Mútua, Bankpyme, el Barça...–a Millet se le inquirió sobre la recurrencia de los mismos apellidos, de políticos, empresarios e ilustres de la sociedad civil, en el «who is who» de la historia reciente de Cataluña, el «leitmotiv» del libro.
 
ITV, la «nueva generación»
 
Desde el «caso Banca Catalana», que salpicó en 1984 al entonces presidente de la Generalitat y cofundador de Convergència, Jordi Pujol, se ha registrado hasta una veintena de casos de corrupción en los que se ha involucrado a CiU. Y el relevo generacional, tanto de cargos políticos dispuestos a servirse de la Administración para sus negocios y los de su partido, como de empresarios dispuestos al cohecho, parece asegurado. En el «caso ITV» que aún se investiga, uno de los hijos de Jordi Pujol, Oriol, secretario general de CDC y diputado en el Parlament, está implicado y podría ser imputado. Por intentar amañar concursos de adjudicación de estaciones de inspección técnica de vehículos, entre otros negocios. Entre sus socios –sí imputados– se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten localidad de segunda residencia: Urús, en la Cerdaña.
 
El clan Pujol
 
Oriol es el único Pujol «júnior» activo en política, pero forma parte de un clan —padre, madre y siete hijos— con un currículum bajo sospecha. Oriol y sus hermanos son miembros de al menos 73 empresas y en sus trayectorias figuran escándalos. Josep, por ejemplo, fundó la consultora Europraxis, y su hermano Oriol le encargó informes de dudosa utilidad cuando éste era secretario de Industria de la Generalitat. Otro Pujol hijo, Jordi, con negocios, hoteles y propiedades en Latinomérica, ha sido acusado por su ex pareja de llevar dinero a Andorra para ingresarlo en cuentas de la familia.
 
De la Rosa se rebela
 
El patrimonio de los Pujol y la denuncia de que tienen a buen recaudo su dinero en paraísos fiscales, como Suiza o Liechtenstein, ha vuelto a la actualidad tras trascender en plena campaña electoral catalana el apócrifo borrador atribuido a la Unidad de Delincuencia y Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Un documento que señala dichas cuentas, como otras cuyo titular era el padre de Artur Mas, como destino de comisiones por obras públicas. Y a estas acusaciones se ha sumado Javier de la Rosa, a quien en su día Jordi Pujol tildó de «empresario ejemplar», y que ha denunciado haber sido amenazado por querer desvelar las cuentas de los Pujol en el extranjero. De la Rosa sostiene que los empresarios Carles Vilarrubí —actual vicepresidente del FC Barcelona, amigo de Pujol y que ostentó varios cargos durante sus mandatos—, y Carles Sumarroca –con vínculos empresariales con los Pujol y mencionado en las escuchas del «caso ITV»–, sabían de estas cuentas. En su día, De la Rosa se jactaba de haber entregado mucho dinero a Convergència (CDC).
 
«Caso Palau»
 
Convergencia de intereses es lo que también asoma en el «Caso Palau». Millet y su mano derecha, Montull, habrían expoliado hasta 30 millones de euros en sus últimos años al frente del Palau de la Música. Y CDC se habría beneficiado. A través del Palau, y mediante empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas (ahora CatDem), CDC se habría embolsado hasta 6 millones de euros. Era dinero que varias empresas constructoras abonaban a través de la institución musical para pagar comisiones por obras públicas. El juez instructor, que imputó a un ex tesorero de CDC, declaró a Convergència responsable a título lucrativo. Le exigió una fianza de 3,2 millones. CDC la cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido, que fue embargado.
 
Unió, también
 
No está embargada la sede del socio de coalición de CDC, Unió, aunque la formación que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, no tiene un historial sin mancha. Nueve militantes del partido fueron condenados por desviar fondos del Consorcio de Turismo de la Generalitat por el «caso Turismo». En 2009, se condenó al ex secretario general de la formación socialcristiana, Josep Maria Servitje y al empresario Víctor Manuel Acuña por malversacón de fondos públicos por unos informes inútiles y copiados, encargados por la Consejería de Trabajo cuando la encabezaba Ignasi Farreres, absuelto en este causa. A los dos condenados, el Gobierno del PP les concedió un indulto parcial que les libró de la cárcel.
 
A los casos de Turismo y Trabajo se les añade el «caso Pallerols», de presunto desvío de fondos de subvenciones para cursos de formación de parados. Comenzará a juzgarse el próximo 7 de enero, y en él están imputados varios ex cargos de UDC en la Consejería de Trabajo en los años noventa. Duran i Lleida está citado como testigo. El fiscal solicita que UDC sea declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo y pide que indemnice a la Generalitat con 1,7 millones de euros.
 
Pretoria, transversal
 
CDC y Unió atesoran varios casos de corrupción, pero en algunos de ellos también se han visto involucrados otros partidos, lo que abona la tesis del «oasis catalán» y la ley del silencio.
Baste reseñar la derivada del «caso Palau», el «caso Hotel Palau», por el que será juzgada la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona, del PSC, o el «caso Pretoria», donde los convergentes Macià Alavedra o Lluís Prenafeta se mezclan con al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), o el ex diputado socialista Luis García, «Luigi».

sábado, 29 de diciembre de 2012

La manipulación de los indignados



Es el partido de referencia de los indignados, pero véase como ha quedado retratada Ezker Batua, la IU de Euskadi, en sus negociaciones con el PNV. Habla Xabier Agirre, parlamentario nacionalista, sobre las condiciones puestas por los dirigentes presuntamente izquierdistas para colaborar con el PNV en Álava. ¿Qué pedían? Poca cosa, sólo que les "colocaran", uno tras otro, en cargos administrativos de libre designación y, después, de propina, dinero, dinero, dinero... Cuatro nombres aparecen en la grabación: Javier Madrazo, Serafín Llamas, Kontxi Bilbao y David Lozano.


Creemos que los indignados deberían empezar a reflexionar. La Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA) ha publicado un libro sobre la manipulación de los indignados. Es el momento de tomar conciencia de la verdad. Más allá del antifascismo comienza una nueva izquierda.


Refundar el movimiento indignado. Los traidores tienen un nombre: son los comunistas y los antifascistas.
 



En la foto, Serafín Llamas y Kontxi Bilbao... !Qué progres y antifascistas ellos!


Javier Madrazo, otro progre "antifascista", era jefe de la banda. Todos "antifas", todos corruptos. No te dejes engañar. !En Wall Street son tambien "antifas"!

Es hora de pensar, en serio.

La Marca Hispánica, 19 de diciembre de 2012


http://elpais.com/diario/2011/07/12/paisvasco/1310499599_850215.html

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110710/politica/polemica-alava-cobra-primera-20110710.html

 

jueves, 13 de diciembre de 2012

Réquiem por la socialdemocracia























Alberto Garzón es diputado por Izquierda Unida (en Euskadi Ezker Batua).


http://blogs.publico.es/economia-para-pobres/2012/11/09/requiem-por-la-socialdemocracia/

Réquiem por la socialdemocracia

Marx, como otros autores clásicos, consideraba que las reglas de juego del capitalismo, y en particular el motor de la competencia, obligaría a las empresas a luchar entre sí incrementando la explotación sobre sus trabajadores. Al fin y al cabo el objetivo de las empresas es mantener o ampliar espacios de rentabilidad, para lo cual es necesario sobrevivir en la selva de la guerra competitiva. Si una determinada empresa se despista y se muestra menos belicosa en esa tarea, por ejemplo subiendo salarios, las empresas rivales pueden tomar la delantera y aprovechar para rebajar sus costes en relación a la empresa en cuestión. Esos menores costes se traducirán en mayores ventas y en consecuencia en mayores beneficios, asumiendo que los compradores prefieren el producto más barato al más caro. Sabedora de este hecho, la empresa tendrá que reaccionar tratando de reducir sus costes al nivel de sus rivales. Es decir, volviendo a bajar los salarios. La amenaza es desaparecer en tanto que empresa.

Por estas razones apuntadas, Marx y los clásicos consideraban que la tendencia del salario era a alcanzar un nivel de mera subsistencia. La coerción de la competencia llevaría a todas las empresas a alcanzar equilibrios de mercado donde el salario estuviera totalmente deprimido y con ello se mantuvieran condiciones de precariedad absoluta para los trabajadores. Dado que además la coerción de la competencia también obligaba a reinvertir los beneficios empresariales, Marx sumaba a la predicción de los salarios de subsistencia la famosa advertencia de que el capitalismo estaba cavando su propia tumba al aplicarse la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Pero el desarrollo del sistema capitalista, bajo la tendencia de la concentración y centralización (empresas cada vez más grandes formando monopolios u oligopolios), junto con el ascenso al poder de partidos socialdemócratas y la aplicación de reformas que tenían como objetivo paliar las consecuencias de dicho desarrollo, mostraron una realidad histórica bien diferente a la que Marx había predicho. Las tesis de los revisionistas como Bernstein aparecían triunfantes en la creencia, aparentemente demostrada, de que el capitalismo podía domesticarse para evitar el negro oscuro que predecía el marxismo original.

Lo cierto es que la emergencia de las grandes empresas formando monopolios consiguió neutralizar la dinámica competitiva que, según Marx, debería haber conducido a salarios de subsistencia para los trabajadores. En un entorno de monopolio no es necesario luchar por reducir los costes laborales y en consecuencia se pueden compartir ciertos espacios de ganancia con los trabajadores si las instituciones, como el Estado, presionan para que así sea. El problema que puede emerger tiene más que ver, como apuntaron los autores neomarxistas (Sweezy, Foster, Magdoff), con la acumulación de ganancias por parte del capital que no puedan encontrar espacios de inversión (tesis del subconsumo). En cualquier caso, en ese marco de falta de competencia, los salarios no tienden hacia niveles de subsistencia. La socialdemocracia y el Estado del Bienestar pueden sobrevivir, si bien a costa de la sobrexplotación de recursos naturales y de los países en desarrollo.

Sin embargo, entre los ochenta y los noventa la caída del llamado socialismo real y la crisis de las organizaciones de izquierdas condujo a la hegemonía neoliberal y a la puesta en marcha de políticas económicas que promovían la libre circulación de capitales por todo el mundo. Estaba en marcha un nuevo estadio de globalización financiera y productiva, donde la competencia volvía a tener un lugar central en la actividad económica.

Las empresas de todos los países desarrollados, incluso aquellas que habían mantenido por mucho tiempo sus monopolios, tuvieron que entrar de nuevo en el tablero de la lucha competitiva. Y ese nuevo marco condujo de nuevo a la vigencia de la dinámica propia del capitalismo y, en consecuencia, a la validez de la predicción original de Marx. En todas partes las empresas luchaban por reducir sus costes laborales para poder vencer en una competición que ahora les enfrentaba con empresas de todo el mundo. Este sigue siendo nuestro contexto actual. El llamado capitalismo salvaje o capitalismo sin máscara.

Este marco de libre competencia mundial trasciende a los Estados y, en consecuencia, anula de facto la capacidad de la socialdemocracia de poder enfrentar esa dinámica a través de la actividad parlamentaria. Es decir, incapacita a las instituciones estatales para domesticar el capitalismo. Cualquier intento de alcanzar a nivel estatal políticas reformistas conduce necesariamente a una pérdida de competitividad de las empresas nacionales, lo que se traduce en mayores tasas de desempleo. He ahí el actual drama teórico y la confusión ideológica de los partidos políticos socialdemócratas en toda Europa, más allá de sus resultados electorales, al tener que enfrentar el dilema de precariedad o paro. Es decir, salarios de subsistencia o desempleo.

La socialdemocracia tiene que elegir entre aspirar a vencer en la lucha competitiva, aceptando un modelo de sociedad basado en salarios de subsistencia, o mantener nichos reformistas construyendo de nuevo monopolios, bien porque temporalmente domina tecnológicamente a partir de una determinada estructura productiva (modelo alemán) o bien porque introducen medidas proteccionistas que le aíslan de la lucha competitiva (modelo de capitalismo occidental de posguerra).

En un contexto de globalización financiera y productiva, estadio al que tiende siempre el capitalismo, Marx recupera su vigencia y sus tesis se reafirman. Al capitalismo le sobran, en este contexto, todos aquellos elementos que obstaculizan la posible victoria en una lucha competitiva. Dicho de otra forma, al capitalismo le sobran actualmente los servicios públicos y los derechos laborales. Y ante eso reaparece el viejo dilema de escoger entre un modelo de sociedad bárbaro y un modelo de sociedad alternativo. Y ese modelo alternativo sólo puede constituirse fuera del espacio capitalista, fuera del capitalismo.